El Ejecutivo Foral avanza que trabaja en una modificación normativa para disponer "a corto plazo" de suelo destinado a vivienda pública

En respuesta a una interpelación de UPN, que incide en el encarecimiento de la vivienda y el aumento del listado de demandantes para constatar que es ya un derecho "más lejano"

El Ejecutivo Foral avanza que trabaja en una modificación normativa para disponer "a corto plazo" de suelo destinado a vivienda pública

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha anunciado que el Ejecutivo foral está trabajando en una modificación de la ley foral del suelo que permitirá disponer "a corto plazo" de suelo destinado a la construcción de vivienda dotacional "a un precio asequible".

Así lo ha señalado este jueves, en respuesta a una interpelación sobre política general en materia de vivienda formulada por UPN en el Pleno de control. Según ha explicado Alfaro, en Navarra "tenemos dos problemas", ya que "fundamentalmente en los núcleos urbanos consolidados, como puede ser Pamplona y su Comarca, tenemos una falta de suelo y unos precios de alquiler disparados".

Respecto a la falta de suelo, ha afirmado el Gobierno "tiene previsto traer a esta Cámara una modificación de la ley foral del suelo. Esta modificación va a consistir en que aquellos suelos que tienen la categoría de dotacionales, en espacios urbanos consolidados donde se acredite que no hay una demanda de estos equipamientos, se pueda construir vivienda dotacional a un precio asequible. Eso nos permitiría disponer de suelo en el corto plazo", ha corroborado.

Alfaro también ha señalado que va a realizar un estudio para "conocer todo el suelo residencial disponible en Navarra y la fase de tramitación urbanística en la que se encuentra". A partir de este estudio, "nos reuniremos con las entidades locales para trabajar de forma conjunta, entre todas las Administraciones públicas, una planificación estratégica para el medio y para el largo" plazo.

En relación con los "precios disparados del alquiler", ha manifestado que "estamos ya en la fase previa de toma de medidas con el registro de contratos de alquiler, que nos va a permitir disponer de datos reales, públicos y fidedignos del precio del alquiler que tenemos actualmente en Navarra, trabajo que realizaremos en colaboración estrecha con el Departamento de Hacienda". Actualmente, ha precisado, se cuenta con más de 17.000 contratos registrados "y esperamos aumentar" la cifra para que el registro "se ajuste a la realidad con la máxima precisión posible".

A su juicio, estos datos "permitirán tener una fotografía real de la situación y marcar las zonas tensionadas con el objetivo de establecer la limitación de los precios del alquiler en dicha zona". "Este Gobierno no va a caer en la inacción. Nuestra intención es poder traer esta iniciativa al Parlamento durante el próximo año 2024. Obviamente, y como no puede ser de otra forma, con un pormenorizado estudio jurídico bien estructurado para la traslación de la norma estatal a la navarra", ha subrayado.

Juan Luis Sánchez de Muniáin (G.P. UPN) ha criticado que el derecho a la vivienda "hoy está más lejano, más difícil y complicado que nunca para miles de personas". Según ha señalado, "los precios en Navarra no solo no han bajado, sino que se han encarecido en torno a un 7% más", y "la lista de demandantes de vivienda protegida ha vuelto a crecer casi en cifras de dos dígitos anuales, y supera ya los 16.000 demandantes de vivienda protegida en Navarra. Un año y medio después de esa llamada ley de vivienda asequible, la vivienda en Navarra es más inasequible", ha criticado.

Arantza Biurrun (G.P. PSN) ha considerado que "incrementar y consolidar un parque público de vivienda debe ser la prioridad, y de ahí la urgente necesidad de profundizar en las líneas ya iniciadas. Tenemos que priorizar el alquiler, porque es una manera de dar rápida respuesta a esa demanda que tenemos y, por otro lado, no podemos obviar que la posibilidad de comprar no puede quedar solo para unos pocos. Por tanto, es imprescindible también el trabajo con las entidades locales", ha dicho.

Irati Jiménez (G.P. EH Bildu) ha urgido al Gobierno de Navarra a "dar pasos significativos en materia de vivienda". Para ello, ha esgrimido, es "imprescindible" poner límites a los precios de alquiler, entre otras medidas. A su juicio, el Gobierno "debe llevar a cabo políticas claras y eficaces, revitalizando los cascos antiguos de las poblaciones y constituyendo un nuevo paso contra la despoblación".

María Solana (Geroa Bai) ha destacado que "se ha producido un giro y un cambio de paradigma respecto a las políticas que habíamos conocido en las últimas décadas, condicionadas fundamentalmente por intereses privados. Geroa Bai ha sido la fuerza política determinante que ha posibilitado que Navarra haya podido imprimir este giro disruptivo en materia de vivienda y urbanismo. Nos corresponde ahora la responsabilidad de ahondar en estos principios para, desde ellos, plantear nuevas medidas a la consejera y vicepresidenta, y en ello estamos ya trabajando", ha significado.

Maribel García Malo (G.P. PPN) ha asegurado que "muy bien no se han tenido que hacer las cosas durante estos ocho años de gobiernos socialistas, nacionalistas y populistas, cuando la principal preocupación de los navarros es la vivienda. El Partido Popular defiende la libertad del ciudadano para decidir si su mejor opción es la propiedad o el alquiler, y desde luego apoyarle en ambos casos", ha destacado.

Miguel Garrido (G.P. Contigo-Zurekin) ha compartido que la situación "es preocupante, es una de las prioridades que debe tener el Gobierno de Navarra". A su juicio, "el impuesto más injusto y el que está provocando una mayor desigualdad es el impuesto del alquiler", por lo que "para cualquier gobierno progresista esta debe ser la prioridad número uno si quiere luchar contra la desigualdad".

Maite Nosti (A.P.F. Vox) ha considerado "fundamental garantizar un acceso asequible a la vivienda para todos los ciudadanos", y ha apostado por "el aumento de la vivienda de protección oficial, los beneficios fiscales para los arrendadores y el desalojo de los okupas en 48 horas. Estas tres medidas son esenciales para salvar el mercado inmobiliario".