Asociaciones ecologistas recurren los permisos concedidos al proyecto de Mina Muga

Ecologistas en Acción, la Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d'Onsella y la Sierra del Perdón han interpuesto recurso contencioso-administrativo contra los Gobiernos de Navarra y Aragón y contra el Ministerio para la Transición Ecológica "por los diferentes permisos de explotación" concedidos al proyecto Mina Muga que impulsa la empresa Geoalcali en la zona de Sangüesa.

Los contenciosos, tres en total, uno por cada uno de los permisos que componen Mina Muga, y de acuerdo al reparto competencial de las tres administraciones, han sido interpuestos ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Aragón y Navarra.

Las entidades recurrentes han considerado en un comunicado que se trata de un "proyecto extractivo insostenible económica y medioambientalmente" y han afirmado que nace "al amparo de la preconstitucional ley de minas, actualmente vigente, y que pone en primer lugar los intereses de las empresas frente a las necesidades del país y el interés de la sociedad, dejando en un segundo plano los severos impactos medioambientales, que perjudicarían muy negativamente a los y las habitantes de la zona (Comarca de Sangüesa y Altas Cinco Villas zaragozanas), y por extensión al conjunto de la sociedad navarro-aragonesa, incluso en términos económicos".

Según las entidades recurrentes, "la concesión de explotación se hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto en alegaciones formuladas desde las asociaciones como en los requerimientos de las administraciones, hayan sido objeto de una participación pública satisfactoria, como sería preceptivo".

Las entidades han asegurado que "hasta en 16 ocasiones ha tenido Geoalcali que presentar documentos aclaratorios y adendas al proyecto Mina Muga tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, y entre ellas el plan de restauración, el proceso de relleno con materiales sobrantes (backfilling), la afección a las aguas, la propia viabilidad económica del proyecto o los hundimientos y subsidencias que pudiera provocar".

Las tres entidades recurrentes han afirmado que "en ningún momento se ha tenido acceso público a las medidas que Geoalcali afirma que va a emprender para evitar los graves problemas generados potencialmente por la actividad, tales como subsidencias y hundimientos del terreno, sismicidad inducida, múltiples afecciones ambientales, entre ellas las afecciones a los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo el embalse de Yesa, a menos de 800 metros de la mina, que está previsto recrecer hasta los 1.079 hectómetros cúbicos y cuya obra civil -ya de por sí- adolece de severas dificultades técnicas y elevados riesgos constructivos".

Por otro lado, las asociaciones han señalado que, según la concesión otorgada, "la mina creará una escombrera que podrá ocupar hasta 37 hectáreas -60 campos de futbol- y un máximo de 13,7 metros de altura, pudiendo albergar hasta 4,5 millones de toneladas de residuo". "La empresa ha previsto transportar el material por carretera, 512 camiones al día, un camión cada dos minutos y medio, lo que supondrá ampliar el tráfico pesado en la carretera comarcal NA-127 de Sangüesa a Liédena, con tramos sin arcén y luego por la autovía A-21, algo que preocupa a varios alcaldes de la zona por la siniestralidad que puede producirse", han añadido.

Asimismo, han considerado que el proyecto Mina Muga "entra en contradicción con la recién aprobada ley foral de Cambio Climático de Navarra, ya que conllevará un aumento considerable de emisiones de gases de efecto invernadero y un retroceso en los objetivos del sector primario, perpetuando el modelo de intensificación agroganadera estatal y mundial". "Tampoco, en ese sentido, armoniza con la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y los objetivos generales de reducción de emisiones planteados en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)", han asegurado.