UPN ha acusado al Gobierno de Maria Chivite de “dejación de responsabilidades en el envío ilegal de residuos, en concreto lixiviados, a la planta de Artajona”.
Los regionalistas han denunciado que “han pasado dos años sin que el Gobierno de Navarra se enterara de que desde el consorcio público guipuzcoano GHK estaban llegando a Artajona 5.000 toneladas de lixiviados tóxicos, además de otras 9.000 toneladas de lixiviados desde una empresa de Tudela, según desveló la directora general de medio ambiente en la comparecencia del consejero Aierdi la semana pasada a petición de UPN”.
“¿Dónde están los controles y las inspecciones de quienes deben velar por el medioambiente en Navarra?”, se han preguntado.
Desde UPN han recordado que fue una denuncia anónima, primero, a la que siguió otra del SEPRONA, a instancias del juzgado nº5 de Guipúzcoa, lo que empezó a poner sobre aviso al departamento dirigido esta legislatura por José María Aierdi, “si bien durante el grueso de las posibles irregularidades la responsabilidad era de Itziar Gómez, como consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y de Pablo Muñoz, como director general de Medio Ambiente”. “En ningún caso fue fruto de una inspección rutinaria como pretendió trasladar el consejero Aierdi”, sostienen.
Y ponen como prueba de ello que el 22 de diciembre de 2023, en respuesta a una petición de información de UPN, el Gobierno le trasladó un informe de la Dirección General de Medio Ambiente en el que se indica que la planta de Ecofert en Artajona había sido visitada por personal técnico de la Sección de Inspección del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra los días 24 de febrero de 2023 y 15 de noviembre de 2023, una vez conocidas las mencionadas denuncias. En dicho informe se afirma expresamente que “no se ha analizado ninguno de los residuos que se reciben en la planta en general ni los lixiviados procedentes del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-1) en particular”.
“Solo a raíz de la denuncia anónima y de la del SEPRONA dirigida por el juzgado nº5 de Guipúzcoa, y tras más de dos años sin enterarse de lo que estaba pasando, se han abierto varias sanciones que han conducido a una solicitud de cierre cautelar de la empresa”, han sentenciado desde UPN.
Además, los regionalistas han recalcado que la planta de Artajona se dedica a la producción de fertilizantes y compost para uso agrícola que han podido quedar contaminados si se han mezclado o han tenido contacto con los lixiviados recibidos de manera ilegal. No hay que olvidar que el 50% del quinto contenedor de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se trata en Artajona, por lo que habría podido verse afectado. En este sentido, quieren saber “si la MCP puede asegurar
que no ha habido contaminaciones cruzadas con la materia orgánica que tanto y tan bien selecciona el ciudadano con un gran resultado y esfuerzo y si hace un control y seguimiento de la trazabilidad o se desentiende de ello”. UPN ha solicitado vía parlamentaria toda la información al respecto.
Para los regionalistas, “la inoperancia y la falta de control del Gobierno de Navarra ha puesto en jaque el medio ambiente y, cuando menos, ha supuesto un claro riesgo para la salud pública de la ciudadanía navarra”.
