El SNS-Osasunbidea dice que el pago de mascarillas estaba avalado por la situación de emergencia pese a discrepancia de Intervención

NA+ afirma que "los contratos de emergencia están para agilizar las cosas hechas bien, no para que cada uno haga lo que le da la gana"
El SNS-Osasunbidea dice que el pago de mascarillas estaba avalado por la situación de emergencia pese a discrepancia de Intervención

El director gerente del Servicio Navarro de Salud, Gregorio Achutegui, ha afirmado este martes que el pago de mascarillas adquiridas a la empresa Efficold en verano de 2020 estuvo avalado por la situación de emergencia provocada por la pandemia de Covid-19, pese al reparo suspensivo que dictó la Intervención respecto de este expediente, por el precio de las mascarillas y por una modificación del contrato. El director general de Intervención avaló finalmente el expediente.

Achutegui ha explicado, en una comparecencia parlamentaria solicitada por Navarra Suma, que el marco normativo que regía en la pandemia declaraba aplicable "la tramitación de emergencia a todos los contratos que hayan de celebrar las Administraciones públicas de Navarra o sus organismos públicos para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al Covid-19".

Según ha señalado Achutegui, se trata de un régimen excepcional que justifica la ausencia de los trámites formales y ordinarios, incluso el de la existencia de crédito suficiente que requiere cualquier expediente de contratación.

El gerente del SNS ha explicado que la legislación prevé que, ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, el órgano de contratación procederá a la aprobación de las mismas y del gasto correspondiente, previa justificación técnica y jurídica de su carácter de emergencia y fiscalización de la Intervención.

Sin embargo, en noviembre de 2020, la interventora delegada del departamento de Salud interpuso un reparo suspensivo a este contrato, pero el SNS no lo aceptó, manifestando su discrepancia en distintos informes. Se levantó finalmente el reparo suspensivo por el director general de Intervención con fecha 29 de junio de 2022.

Achútegui ha afirmado que, "a diferencia de lo que ocurre en los expedientes de tramitación ordinaria, en los que la suspensión de la tramitación implica, por el momento en el que se produce, que el contrato no llegue a aprobarse y, por tanto, no surjan obligaciones entre las partes, en el caso que nos ocupa, el contrato celebrado entre el órgano gestor y la empresa se estaba ya ejecutando, siendo precisamente el régimen excepcional al que están sometidos los contratos de emergencia lo que justificaba que así fuera, y consecuentemente existían obligaciones entre las partes, consistiendo las principales en la entrega de las mascarillas, por parte de Efficold, y el abono de las mismas, por parte del SNS-O, en los términos pactados".

En esta línea, Achútegui ha afirmado que "es precisamente por la naturaleza del contrato en ejecución por lo que el contrato no se suspendió, ni procedía dicha suspensión". "Estando ante un contrato de emergencia carece totalmente de sentido suspender su ejecución, pues lo que estaríamos poniendo en duda es la propia emergencia de la contratación que es precisamente la que justificaba la celebración del contrato y su ejecución", ha explicado.

El director gerente del SNS ha añadido que "no cabe pensar cabalmente que en tanto se resolviera la discrepancia había que suspender el contrato de emergencia y buscar otro proveedor, también por emergencia pues no podía haber sido de otro modo, para garantizar el suministro de mascarillas FFP2". "Además, una cosa es afirmar que existían otros proveedores y otra bien distinta que esos eventuales proveedores hubieran podido cumplir en plazo, más apremiante aún si cabe de haberse procedido a la suspensión del contrato, con las garantías que por parte del SNS-O se venían exigiendo para la adquisición de mascarillas, y que han sido consideradas clave en este tipo de suministro, y a un mejor precio, y todo ello, además, en tiempo récord y en el contexto en el que nos encontrábamos", ha afirmado.

Gregorio Achútegui ha considerado que actualmente "resulta a todas luces intrascendente cuestionar el abono de las mascarillas una vez conocido el resultado de la tramitación del expediente, es decir, la conformidad a derecho del mismo, con el consiguiente obligado cumplimiento de las respectivas obligaciones del contrato, pudiéndose entenderse, por otra parte, que dicha aprobación habría convalidado los defectos de los que pudiera adolecer el expediente, de haberlos tenido".

En definitiva, Achútegui ha afirmado que "las previsiones fueron acertadas, el contrato fue oportuno, el suministro fue regular y eficaz, la contraprestación económica fue justa, y el expediente está debidamente formalizado".

LAS EXPLICACIONES NO SATISFACEN A NAVARRA SUMA

Por el contrario, la portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha señalado que "es evidente que sus explicaciones no nos satisfacen". "No sé si no quiere darlas o no le dejan. Los contratos de emergencia están para agilizar las cosas hechas bien, no para que todo valga y cada uno haga lo que le da la gana. Salud pagó 460.00 euros después de que la Intervención emitiera el reparo suspensivo. Estos pagos no son ni éticos ni estéticos", ha asegurado.

A continuación, Ibarrola ha preguntado a Achutegui "por qué se siguieron pagando facturas a pesar de lo que nos cuenta, que no se lo cree ni usted". "La situación de suministro de mascarillas FFP2 no era crítica en absoluto a final de 2020 y se pagaron a 2,30 euros más IVA mientras en el mercado estaban a 20 céntimos", ha criticado. Igualmente, ha censurado que el director general de Intervención "cambió su criterio" respecto a este expediente tras una reunión con las consejera de Economía y Hacienda y de Salud, y finalmente avaló la conformidad del expediente.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que se han escuchado ya "por cuarta vez las mismas explicaciones, y decimos por cuarta vez que el procedimiento se ajusta plenamente a la normativa vigente". "Sigan buscando, no van a encontrar absolutamente nada, porque no hay nada de lo que están buscando. Están muy mal asesoradas en este tema", ha dicho a Navarra Suma. Unzu ha afirmado que "en ningún sitio se dice que un expediente de emergencia tenga que estar fiscalizado favorablemente para pagar, pero es que este expediente no era para pagar, sino para validar unas actuaciones que se habían hecho". "No ha habido quebranto económico alguno para las arcas forales, de hecho, el precio medio al que se compraran las mascarillas en ese momento a nivel estatal era superior", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asiain, ha indicado que "es evidente que una determinada situación -en referencia a la pandemia- no puede servir para justificar todo, pero no se puede abstraer esa decisión del entorno en el que se toma". "La situación permitió aplicar una normativa excepcional, un procedimiento de emergencia", ha afirmado. En todo caso, ha planteado que "sería importante para los servicios jurídicos de los departamentos y para la Intervención aclarar si hay una colisión de la interpretación de la ley de Hacienda pública y la ley de Contratos".

Por parte de EH Bildu, Txomin Gonzalez ha señalado que "es llamativo el tiempo que se tardó" en resolver finalmente el expediente, con el aval del director general de Intervención, una tardanza que "no sabemos qué justificación tiene". "Los procedimientos de emergencia deberían haber servido para garantizar rapidez, pero no para garantizar opacidad, y es lo que nos estamos encontrado en algunos aspectos que nos gustaría que se aclara.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado que el informe de Intervención fue posterior a la formalización del contrato, que además estuvo basado en un procedimiento de emergencia, con lo cual el reparo suspensivo no obligaba de ninguna manera a paralizar la compra". "¿Qué hubiera pasado si el Servicio Navarro de Salud hubiera paralizado la compra?", ha planteado.