La justicia navarra ratifica una sentencia que declara fijo a un trabajador temporal de la Administración

Afapna pide una reunión al Gobierno foral al considerar que esta sentencia se puede extender a más de 1.500 trabajadores

La justicia navarra ratifica una sentencia que declara fijo a un trabajador temporal de la Administración

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha desestimado un recurso presentado por el Gobierno foral y ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Social por el que se declara como fijo a un trabajador de Servicios Generales.

El sindicato Afapna considera que esta sentencia se puede extender a hasta 1.545 trabajadores de Servicios Generales, a los que se podría reconocer como fijos, motivo por el cual ha solicitado una reunión "urgente" con el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno foral, Javier Remírez.

"La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la tesis defendida por Afapna y marca una línea a seguir para evitar el fraude de ley en las administraciones tanto del Estado como de la Comunidad foral de Navarra", ha afirmado el sindicato en un comunicado.

Según Afapna, "la Sala de lo Social remarca lo que desde el Juzgado de lo Social ya se había dicho, no sólo en la declaración como fijo desde noviembre de 2015, sino que pone el foco en la oposición aprobada sin plaza celebrada en 2011". "La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no solo reitera la tesis de Afapna, sino que abre un nuevo horizonte contra el fraude de ley", ha asegurado.

El sindicato ha añadido que "la situación actual en la Administración foral, donde cerca del 50% de los contratos son temporales y muchos de ellos en fraude de ley es insostenible". "Ahora, y gracias en muchos casos a las diversas actuaciones de Afapna, son muchas las mejoras en condiciones y derechos del personal empleado público de la Administración", ha asegurado.

Tras ello, ha solicitado una reunión con el consejero Javier Remírez "para buscar una solución y gestionar adecuadamente la aplicación de esta sentencia y acabar con el fraude de ley en la contratación en las Administraciones públicas, buscando el objetivo de llegar al 8% de interinidad, tal como lo ha marcado Europa y el cual está todavía muy lejos de ser verdad".