El Parlamento foral rechaza la proposición de ley de NA+ para regular el tercer sector de acción social

Los grupos aluden a la falta de tiempo en lo que queda de legislatura y remiten a la próxima para abordar esta regulación

El Parlamento foral rechaza la proposición de ley de NA+ para regular el tercer sector de acción social

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la toma en consideración de una proposición de ley foral del Tercer Sector de Acción Social, presentada por Navarra Suma y que ha recibido el voto contrario del resto de formaciones.

La iniciativa proponía, entre otras medidas, la creación de una mesa de diálogo permanente entre el Gobierno foral y las entidades del tercer sector de acción social y que hubiera presencia de al menos una entidad en todos los consejos consultivos y órganos de participación de las Administraciones Públicas de Navarra, entre ellos el Consejo Económico y Social.

En la ejecución de políticas públicas de salud y servicios sociales, la ley apostaba "preferentemente" por el concierto social y, cuando no fuera posible y se acudiera a la contratación pública, se utilizarían "todas las posibilidades legales para favorecer la participación del tercer sector en los procedimientos de licitación". Asimismo, planteaba promover subvenciones de carácter plurianual para los programas que se lleven prestando al menos cuatro años de forma consecutiva.

También propugnaba la elaboración, entre el Gobierno foral, las entidades y la FNMC, de una estrategia de promoción del tercer sector que partiría de un diagnóstico y tendría una vigencia de tres años. Y se establecía la posibilidad de destinar el 0,7% del IRPF íntegramente a fines de interés social, también para el caso de que se marque simultáneamente la casilla destinada a colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica.

La representante de NA+, Marta Álvarez, ha explicado que está "norma sencilla" surge de "tres años y medio de escucha" a las entidades del tercer sector que han trasladado su voluntad de "participar en la toma de decisiones política, de colaborar en la prestación de servicios a la ciudadanía cuando la administración no llega" o trasladar sus reivindicaciones. Ha destacado el apoyo de las entidades sociales a esta iniciativa y ha criticado la intención del resto de grupos de "dar carpetazo al asunto". Ha llamado a "no dejar que el ventajismo o el sectarismo" impidan que siga adelante la ley por haber sido presentada por NA+ y ha recordado que tanto el Estado como Castilla la Mancha, Castilla y León, Euskadi o Baleares ya tienen una normativa en este sentido. Y ha acusado a las demás formaciones de querer "guardar en un cajón" esta ley hasta la próxima legislatura.

LOS GRUPOS ALUDEN A LA FALTA DE TIEMPO Y PIDEN MÁS PARTICIPACIÓN

La parlamentaria del PSN Nuria Medina ha afirmado que esta iniciativa "es una propuesta que los socialistas llevábamos en nuestro programa electoral" y "es una recopilación" de las leyes autonómicas a este respecto "sin tener en cuenta las leyes que tenemos aquí como la ley foral de Cooperación". No obstante, ha criticado la "falta de diálogo y de escucha activa" y ha acusado a la coalición de presentar una ley "a espaldas de la mayoría del sector implicado" y "sin ninguna intención de consensuar nada". "Una ley así no se puede hacer de una manera tan sectaria" sin "un proceso de participación amplio" y a dos meses y medio del final de la legislatura" y ha expresado el compromiso del PSN de llevar a cabo esta regulación en la próxima legislatura.

Por su parte, desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha considerado que esta propuesta "tiene más un tufillo a querer congraciarse con las entidades del tercer sector que otra cosa" y ha compartido el criterio del Ejecutivo foral según el cual la iniciativa plantea cuestiones "ya reguladas", no aporta "novedad alguna" y añade "elementos burocráticos y duplicidades". Una ley así, ha dicho, "no se puede aprobar sin más sino que el papel del tercer sector debe ser objeto de un trabajo serio, riguroso y participado por la parte pública y de la iniciativa ciudadana organizada". La proposición "falla en el tiempo, en las formas y no es creíble", ha afirmado.

Txomin González, de EH Bildu, ha reconocido el trabajo del tercer sector y ha rechazado los "discursos demagógicos" de NA+ al vincular el voto en contra de esta iniciativa con una falta de apoyo al sector. Ha defendido que esta cuestión "tiene una trascendencia muy grande" y ha abogado por afrontarlo con "unas reflexiones y un análisis lo más plural y con el mayor consenso". Ha agradecido a la coalición de UPN, PP y Cs esta iniciativa que "visualiza la necesidad de hacer una ley para regular el sector", si bien ha considerado que "no ha sido acertada en las formas" y "le ha podido más el interés partidista".

Desde Podemos, Mikel Buil, ha señalado que esta ley "viene de arriba a abajo y nosotros no trabajamos así". "Las leyes importantes que afectan a cientos de trabajadores y sus usuarios tienen que hacerse con ellas y la participación de las entidades", ha defendido. Buil ha afirmado que "compartimos la mayorías de las cuestiones que plantea" y se ha comprometido a "abordar este trabajo en la próxima legislatura como algo prioritario".

Finalmente, Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, ha compartido la necesidad de abordar de una "forma integral" la regulación del tercer sector, "un elemento fundamental" para el apoyo a los sectores más desfavorecidos. No obstante, ha remarcado que "esto requiere de un tratamiento muy participativo" de los partidos y los colectivos del sector, para lo cual "no hay tiempo material en lo que queda de legislatura".

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