La Cámara Foral aprueba la ley de vivienda con el voto en contra de NA+ y la abstención de EH Bildu

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Navarra Suma, la ley foral para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en Navarra.

Esta ley, impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos, tiene por objeto dotar a la Administración de nuevos mecanismos que, como la Calificación Indefinida de VPO, el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) o el Registro de Contratos de Arrendamiento, puedan contribuir a generar vivienda protegida "suficiente y asequible" a partir de un "diagnóstico real" sobre los precios de los alquileres, punto de partida para tratar de definir y regular zonas de mercado "especialmente tensionadas".

La declaración de zona tensionada requerirá, entre otros, que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los cinco años anteriores un crecimiento acumulado de al menos un 5% superior al IPC de Navarra. Y que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, incluidos los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares.

El Índice de Sostenibilidad de Alquileres se configura como un sistema de regulación de precios de arrendamiento basado en una fórmula cuyo resultado es producto de multiplicar el valor de la vivienda (precio libre con reforma) conforme al Decreto Foral 334/2001, por un coeficiente que se determinará anualmente y podrá tener un valor distinto para localidades o zonas concretas.

Además, con carácter general, el régimen de protección de las viviendas protegidas tendrá una duración indefinida, también en el caso de las calificadas en cesión de uso. Por tanto, no se admitirá la descalificación anticipada de las viviendas protegidas y se abre la puerta a que también se pueda promover vivienda protegida en parcelas libres.

La norma contempla también la posibilidad de expropiación de uso de vivienda deshabitada que sea propiedad de grandes tenedores o personas jurídicas. En este apartado, se reduce de dos años a uno el periodo de desocupación para que estos inmuebles puedan incorporarse al Registro de Viviendas Desocupadas que ha activado el Ejecutivo foral.

El portavoz de NA+, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha calificado este iniciativa como una "ley del chantaje" y un "peaje que tenemos que pagar para que ustedes puedan imponer otro peaje a los transportistas". Un "peaje" también del PSN que "ha accedido a abdicar de toda su línea política en materia de vivienda". Y ha recordado que "todos los planes de vivienda de UPN han sido posibles por el voto y participación convencida del PSN".

Ha criticado que "no han incorporado viviendas" sino que "incorporan a mas gente" aumentando las listas de demandantes de vivienda. "Su balance de vivienda es ya irreversible, al finalizar esta legislatura el problema será mayor", ha advertido. Ha asegurado que es una ley "tan sectaria como ineficaz" que establece la "intervención y el condicionamiento de todo por encima de la necesidad". Así, ha opinado que la intervención de los precios del alquiler es "una medida fracasada" y donde se ha aplicado "se ha conseguido el efecto contrario". De la misma manera, ha aseverado que declarar zonas tensionadas en Navarra "es desconocer su realidad".

La portavoz del PSN, Arantza Biurrun, ha afirmado que es "urgente e imperioso contar con un parque público que nos permita satisfacer la necesidad e una vivienda a precios asequibles". Ha destacado que esta ley es una "oportunidad para atajar los problemas endémicos y estructurales" del mercado de la vivienda que "se ha convertido en un bien de especulación, aumentando los niveles de exclusión".

"Esta ley es una cuestión de prioridades: derecho o negocio. ¿Favorecemos la mercantilización de la vivienda o nos comprometemos con los que necesitan un techo que puedan pagar?", se ha preguntado la socialista, que ha puesto en valor el apoyo de cinco grupos parlamentarios tras un "proceso intenso de diálogo". Y ha llamado a NA+ a que se sume para lograr "la inclusión de los que cuentan con menos recursos para que puedan ejercer su derecho a una vivienda digna".

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa, ha remarcado que esta proposición "ahonda en el camino de dotar al Gobierno de instrumentos para que la política de vivienda" pueda estar "al servicio de la equidad, la cohesión social y el equilibrio territorial". Entre las medidas que incluye esta ley ha destacado la calificación indefinida de la vivienda protegida, que "supone poner las reglas para que nadie pueda lucrarse con un bien que ha sido desarrollado para dar respuesta a una necesidad básica, a costa de un enorme esfuerzo público".

Y ha puesto en valor el "trabajo colaborativo" en el desarrollo de esta iniciativa y el paquete de enmiendas presentadas que ha contribuido a un "hito histórico por los cambios estructurales" que propone, convirtiéndola en una de las leyes "más avanzadas del Estado, primando la función social de la vivienda frente a una concepción como bien de inversión o un mercado especulativa".

Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez, ha destacado que hay dos modelos entre quienes vinculan la vivienda con la "especulación" y quienes piensan que las instituciones "deben garantizar el derecho a la vivienda por encima de la situación personal y económica de la persona". "¿Debemos construir viviendas para garantizar ese derecho u ordenar las ya existentes de otra manera", se ha preguntado, para añadir que "es evidente que hay personas sin viviendas y a la vez hay toda una serie de viviendas que permanecen vacías".

Ramírez no ha compartido la "visión satisfecha" del Gobierno y ha considerado que esta ley "puede ser un paso pero queda mucho camino por recorrer" y por eso "no existen suficientes argumentos para decir que sí" a esta ley. A pesar de la abstención de su grupo ha advertido que serán "exigentes a la hora de empujar para disociar definitivamente la vivienda del negocio de la especulación". Ha opinado que es una ley que "no resuelve" que "una vez más, la vivienda quede alineada con conceptos de negocio y especulación". Ha asegurado que hay "mecanismos para ordenar y limitar el precio de los alquileres lo tenemos, que es la vía fiscal" y ha reprochado que en Navarra los "fondos buitre tengan bonificados el 90% de sus beneficios".

El representante de Podemos, Mikel Buil, ha resaltado el "enorme consenso" alcanzado con esta ley que tiene medidas ante las que es "imposible votar en contra". Ha destacado aquellas para "controlar los precios del alquiler en el mercado libre", para el acceso de la gente joven, también en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las "medidas antidesahucio para personas vulnerables".

Asimismo, ha puesto en valor la regulación de precios. "No creemos que los pequeños propietarios estén abusando de los inquilinos, nos preocupa la entrada de determinados agentes en zonas tensionadas", ha remarcado Buil, que ha destacado que esta ley articula "herramientas para intervenir para que los grandes tenedores no jueguen con los precios y el derecho a una vivienda adecuada".

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra ha indicado que es una ley "muy trabajada y debatida", que "tiene contenidos que mejoran el acceso a la vivienda" pero que incluye "soluciones parciales" que no son suficientes, ha opinado, para "abordar una situación tan insostenible" con unos "precios de alquiler desorbitados".

De Simón ha apuntado que "no se aborda suficientemente la regulación del mercado libre" y ha remarcado que "mientras no se ponga límite a los precios del alquiler no se solucionará un problema gravísimo". "Esto no se soluciona construyendo viviendas y que la gente compre", ha manifestado, para valorar que la ley "soluciona en parte la escasez de vivienda pública" y establece una "calificación indefinida" de la vivienda protegida.