Una representación de Kattalingune, servicio LGTBIQ+ del Gobierno foral, ha reclamado que la atención que viene prestando "se mantenga tal y como estaba" y ha afirmado que la propuesta del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) es "un despropósito".
Así lo ha manifestado este miércoles Ángel María Balda, representante de Kattalingune, en una comparecencia parlamentaria solicitada por Navarra Suma, Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, ante la licitación de este servicio por parte del Gobierno foral.
En este sentido, Balda ha solicitado que "se mantenga el servicio tal y como se venía prestando hasta diciembre del año pasado, con 7 profesionales y 6 jornadas laborales, porque consideramos que esta es la manera de continuar con el mismo nivel de calidad de atención que hemos prestado hasta ahora; porque es la única forma de mantener el carácter descentralizado del servicio y llegar de verdad al ámbito rural; y porque es posible, los números dan", ha reivindicado.
En segundo lugar, Balda ha pedido "que se escuche a los colectivos LGTBI+, algo que no se ha hecho en todo este proceso". "Antes de tomar decisiones y se haga ese encargo a la Fundación Gizain solicitamos que se escuche a los colectivos", ha reclamado, tras pedir a los grupos parlamentarios "manifiesten qué pueden y van a hacer para revertir esta situación", que ha calificado como "un despropósito".
Según han explicado desde Kattalingune, el servicio "está en peligro" porque el pliego presentado por el INAI, que ha quedado desierto, planteaba un equipo de 4 profesionales en vez de 7, la atención de un programa más, y la ampliación del horario de atención en la oficina de Pamplona, algo "matemáticamente inasumible".
Por ello, Balda ha afirmado que les ha "sorprendido" la "decisión firme" de que "para 2023 ese equipo de trabajo de 7 personas pase a ser de 4 personas" y que "después de que el concurso quedase desierto, la decisión sigue siendo la misma". También ha hecho referencia a los argumentos expuestos por el INAI sobre este "cambio de rumbo": que se quiere "profesionalizar" el servicio y que el número de profesionales es "acorde con los datos de atención de los últimos meses".
"Necesitamos que alguien nos explique mejor cómo se profesionaliza un servicio eliminando profesionales, porque no lo entendemos", ha señalado, tras asegurar que, en cuanto al número de atenciones, "nunca hemos tenido sensación de tener poco trabajo, al contrario". "Es más, ha ido en aumento y sigue yendo en aumento", ha garantizado.
En el turno de los grupos, la parlamentaria de Navarra Suma Isabel Olave ha cuestionado "cuál es el origen" de esta modificación y ha planteado si el resto de grupos "eran conocedores del planteamiento" del INAI, si estaban "conformes de las condiciones de licitación del servicio", y si lo están "con la solución planteada".
Por su parte, Jabi Arakama, de Geroa Bai, ha mostrado "serias dudas" sobre si el nuevo modelo va a mejorar el servicio que se presta y ha asegurado que "mi grupo va a estar atento a su evolución y reclamará la más rápida reacción institucional ante la mínima sospecha de deterioro en la calidad del servicio". "Ante una política de hechos consumados, pedimos que se sepa reaccionar con humildad, rapidez y flexibilidad, dotando de los medios adecuados para su óptimo cumplimiento en caso de que los cambios planteados no tengan los efectos deseados", ha apuntado.
En nombre de EH Bildu, Patricia Perales ha afirmado que le "preocupa mucho la situación". "Esto empezó mal con el pliego -del que no éramos conocedores y en cuanto lo supimos dijimos que era un error-, pero en vez de haber cogido con humildad y haberlo arreglado, se ha tirado para adelante, se ha parcheado y vamos a golpe de improvisación", ha señalado. Tras criticar que "se han cargado un servicio que estaba funcionando bien", ha pedido al INAI "que recapaciten y vuelvan hacia atrás".
La parlamentaria del PSN Nuria Medina ha mostrado su "empatía" con las personas que se van a ver afectadas por esta modificación, ya que "los cambios siempre son complicados, y más cuando eso supone la pérdida de puestos de trabajo". Sin embargo, ha afirmado que el Gobierno de Navarra ha dado "seguridad jurídica al servicio", además de "profesionalizarlo" y "reestructurarlo en base a la demanda".
Finalmente, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha negado que la propuesta del INAI sea una "improvisación" y ha valorado positivamente que el servicio vaya a ser gestionado desde lo público, ya que la Fundación Gizain va a garantizar una prestación del servicio "como el INAI lo estime".
