Maeztu destaca la apuesta de la nueva ley de atención a la infancia por el acogimiento frente a recursos asistenciales

Foto: La consejera, durante su comparecencia de hoy en el Parlamento
Foto: La consejera, durante su comparecencia de hoy en el Parlamento
Maeztu ha remarcado que "esta no es una ley de y para los niños y niñas" sino "de todos y todas" y que "habla del futuro de nuestra comunidad". Por ello, ha señalado que para su elaboración se ha llevado a cabo un proceso de participación "amplio y rico" con "todos los sectores implicados"
Maeztu destaca la apuesta de la nueva ley de atención a la infancia por el acogimiento frente a recursos asistenciales

La consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, ha resaltado la apuesta del anteproyecto de Ley Foral de atención y protección de la infancia y adolescencia por potenciar el acogimiento familiar frente a los recursos residenciales en los casos en que los menores. Al respecto, ha subrayado que la partida presupuestaria destinada al apoyo a las familias de acogida crecerá el año que viene un 74%.

La consejera ha comparecido este miércoles en sede parlamentaria para informar sobre este anteproyecto de ley, que sustituirá la aprobada en 2005 y cuyo texto, ha subrayado, "está prácticamente listo" para ser remitido a la Cámara foral. Una ley que supone una actualización "más acorde con el interés de los menores y los cambios de la sociedad" y que supone una "apuesta clara" por la "máxima desinstitucionalización de la atención a la infancia".

Maeztu ha remarcado que "esta no es una ley de y para los niños y niñas" sino "de todos y todas" y que "habla del futuro de nuestra comunidad". Por ello, ha señalado que para su elaboración se ha llevado a cabo un proceso de participación "amplio y rico" con "todos los sectores implicados".

Ha indicado que el anteproyecto de la Ley se articula en torno el enfoque de derechos recogido en la Convención de Derechos de la Infancia; la participación de todos los agentes implicados, la protección a los grupos vulnerables, "con especial énfasis en la prevención y detección precoz"; y el trabajo en el entorno comunitario. Y tiene, entre sus principios rectores, "la parentalidad positiva, la atención centrada en la persona" y la "potenciación de la participación" de los menores.

En este sentido, ha destacado que la ley establece que todas las Administraciones públicas deberán realizar una evaluación al formular sus proyectos normativos con el fin de "prever las repercusiones" que tendrán sobre los menores. Igualmente, se contempla "dar prioridad" a los derechos de los menores en los presupuestos y alude a la existencia de espacios "adecuados" para atender a menores víctimas de violencia "evitando la victimización secundaria".

También, se refuerzan los "derechos a la protección de datos, a la identidad cultural, y la identidad y orientación sexual, la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a que no se les impongan las ideas, o el derecho a ser escuchado, sin presuponer su madurez únicamente a partir de la edad".

El anteproyecto encomienda a la Administración sanitaria garantizar a los menores el derecho a recibir información sobre su salud y obtener el consentimiento "en los términos legalmente establecidos". También contempla crear instrumentos para "homogeneizar el acceso al tratamiento preciso" para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, pone el foco en "las metodologías y la motivación frente a la desescolarización" y apuesta por "impulsar un buen clima y la convivencia".

Además, reconoce la "pluralidad de formas posibles de familias" y contempla un apoyo específico para aquellos modelos familiares que "entrañan más fragilidad debido a su mayor exposición a determinados riesgos sociales".

PRIORIDAD DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES
La ley aborda también todo lo que tiene que ver con el sistema de protección específico para "garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos cuando, por diferentes motivos, no pueden recibir la protección adecuada en el seno de sus familias", así como las posibles medidas, que pueden ir desde la tutela por parte de la Administración, la declaración de la situación de desamparo y la potenciación de medidas para incrementar los acogimientos familiares sobre los residenciales y la adopción.

Respecto a los criterios de intervención, se han completado y matizado algunos, para "reforzar el carácter temporal de las medidas residenciales y la revisión periódica de cualesquiera medidas, y la prioridad de los acogimientos familiares".

La consejera ha destacado la apuesta del anteproyecto por el acogimiento frente a los recursos asistenciales. Algo que "se hace presentes" en los nuevos conciertos de distintos programas y servicios para familias y menores del sistema de protección. Un concierto, con una duración de tres años prorrogables a nueve, que incluye 207 plazas de acogimiento residencial y autonomía y tres programas ambulatorios con capacidad para atender a 655 familias.

Ha indicado, además, que se garantiza la gestión por parte de entidades sin ánimo de lucro; se persigue que los menores, una vez atendidos por una entidad social, puedan continuar todo su proceso educativo dentro de la misma "favoreciendo figuras estables de referencia" y la coordinación de los equipos técnicos.

Maeztu ha destacado la apuesta por el servicio de apoyo y acompañamiento al acogimiento familiar y a la adopción, que proyecta atender 200 acogimientos, frente a los 90 actuales, y que contará con una dotación de más de 20 profesionales de la psicología, el trabajo social y la educación social.

Se trata, ha dicho la consejera, de "ser capaces de revertir la situación y hacer del acogimiento, frente a los recursos residenciales, el modelo de atención a menores en desamparo". Todo ello con el objetivo de "mantener a las personas menores el mayor tiempo posible en su entorno familiar", ha subrayado.

NA+ VE FALTA DE "CONCRECIÓN" Y EL PSN DICE QUE ES UNA LEY "PIONERA"

La portavoz de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha señalado que era necesario cambiar la normativa anterior que ha quedado "superada" en algunos aspectos. Por un lado, ha considerado un "acierto" contar con una ley propia en materia de infancia así como que tenga un "enfoque transversal y no se limite al ámbito de los servicios sociales" y ha señalado que "no suena mal la música" lo relativo al sistema de acogimiento. No obstante, ha opinado que "adolece de concreción en todo lo que tiene que ver con la prevención de las situaciones de desprotección".

La socialista Nuria Medina ha destacado que se trata de una ley "pionera" que "demuestra el compromiso del Gobierno de Navarra con la infancia". Ha destacado que ha sido "muy participada", que incorpora" una mirada integral que no sólo se centra en el sistema de protección" y ha considerado que es "un paso importantísimo para la garantía de los derechos de todos los menores". Medina ha abogado por trabajar por una atención a la infancia "de calidad" y ha considerado que con esta ley "daremos un paso fundamental".

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha indicado que el proyecto "responde en términos generales a nuestras expectativas" ha destacado que "reformula, amplía y concreta de una manera bastante notable los derechos que ya están enunciados en la ley de 2005, adecuándolos a la realidad de 2021". Así, ha destacado que la ley recoge el "respeto a la libre elección de la identidad y la orientación sexual", reconoce a los menores el derecho a participar en las iniciativas que tengan que ver con su ámbito y compele a la Administración a impulsar asociaciones juveniles.

La representante de EH Bildu, Patricia Perales, ha señalado el anteproyecto "nos genera ciertas dudas" en algunas cuestiones en que "usamos los mismos términos pero no estamos hablando de lo mismo". Así, ha abogado por especificar cómo se va a llevar a cabo la atención comunitaria, un aspecto "fundamental" y por "ver cómo se materializa" el objetivo de "conseguir la inclusión social y la igualdad de oportunidades". Y ha compartido el objetivo de "ir a modelos desinstitucionalizados" que, ha reconocido, es "complejo" de llevar a cabo.

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