Colectivos sociales rechazan la ley de vivienda pactada por los socios del Gobierno foral

Distintos colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social o Paris 365 han rechazado la ley pactada por PSN, Geroa Bai y Podemos, socios del Gobierno de Navarra, para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en la Comunidad foral.

"Ante la insuficiencia de esta ley, exigimos unos mínimos que garanticen una vivienda digna como la calificación definitiva de las viviendas de protección, el aumento del parque de vivienda público y el empadronamiento garantizado", han señalado estos colectivos en una rueda de prensa este martes frente al Parlamento de Navarra.

Junto con las entidades mencionadas, otros colectivos adheridos al rechazo a la ley son Red de Apoyo Mutuo, Martes al sol, Jaki Toki, Txantreako Asanblada Okupa y SOS Racismo.

Según han criticado estos colectivos, "la ley de vivienda del Gobierno central y la correspondiente del Gobierno de Navarra se venden en titulares como actos revolucionarios, cuando la letra pequeña dice otra cosa bien distinta".

Así, respecto a la proposición de ley foral, han afirmado que, "a pesar del supuesto compromiso del Gobierno de Navarra de mantener de manera indefinida la propiedad pública de los parques de vivienda de protección oficial, lo que recoge realmente la propuesta de ley es que tras 21 años este tipo de vivienda podrá entrar al mercado y, en consecuencia, perder su calificación pública".

En opinión de estos colectivos, "este falso periodo indefinido supone un parche cortoplacista que, a la larga, volvería a dejar en la calle a muchas familias, tal y como ha ocurrido en los últimos años en Rochapea, Berriozar, Sarriguren, San Jorge o Buztintxuri". "Las constructoras se seguirán enriqueciendo a costa de esas familias gracias al cobro de la renta de la vivienda durante 21 años, así como de las ayudas públicas para la construcción de esas viviendas. Durante las últimas tres décadas, un total de 29.000 viviendas protegidas han pasado al mercado libre", han señalado.

Otro aspecto que "preocupa" a estos colectivos es el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA), que calcula el porcentaje de renta que los vecinos de un lugar concreto destinan al pago del alquiler. "Esta es una herramienta que podría ser útil para regular y rebajar los desorbitados precios del libre mercado, pero que será estéril si no se actualiza anualmente en función de precios y salarios", han afirmado.

En tercer lugar, los colectivos han asegurado que "muchas de estas medidas y prestaciones no se adecuan a las situaciones reales de las personas que sufren mayores desigualdades, como las de rehabilitación o las desgravaciones fiscales propuestas". "Además, el dinero de estas ayudas acaba nuevamente en la mano de pequeños rentistas, bancos o fondos buitres", han añadido.

Por último, han considerado que "esta modificación de ley no facilita de ninguna manera el empadronamiento". "Muchas personas seguirán sin tener acceso a múltiples servicios y prestaciones como recibir formaciones oficiales o ayudas de vivienda, por ejemplo. Si la ley sigue adelante, las personas en situación administrativa irregular seguirán sin poder optar al censo de vivienda protegida ni a las ayudas David-Emanzipa", han criticado.