Aprobadas las medidas fiscales con el rechazo de Navarra Suma y la abstención de EH Bildu e I-E

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, que tiene el "permanente propósito" de "mejorar la equidad en el ámbito tributario" y de "luchar contra el fraude fiscal".

La norma, que ha contado con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Podemos, frente al rechazo de Navarra Suma y la abstención de EH Bildu e I-E, establece diversas modificaciones para adecuar la normativa tributaria de la Comunidad Foral a las "cambiantes realidades jurídicas y económicas".

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha afirmado que "con el presente texto se persigue alcanzar un mayor grado de coherencia en el conjunto de la amplia normativa foral" y ha considerado que este es "un buen proyecto, sensible con los tiempos actuales".

"Decir 'no' a este proyecto significa no ser consciente de los beneficios que puede reportar a las familias o la actividad productiva", ha advertido Saiz, que ha añadido que este proyecto "cumple con la premisa de no adoptar decisiones que dañen al tejido productivo de esta comunidad" y que busca "aliviar" las rentas de las familias.

Todo ello "desde la prudencia y sin perder de vista la realidad económica de un mundo cambiante como es el actual", ha incidido, tras asegurar que el Gobierno de Navarra "va a saber estar a la altura y seguirá guiándose por la responsabilidad a todos los niveles, a presente y a futuro".

"Vivimos en tiempos cambiantes y debemos estar muy atentos y tener la capacidad de reacción suficiente para adaptarnos a la realidad, pero a la vez debemos tener la sangre fría necesaria para no dar pasos en falso ni optar por medidas que a la larga puedan ir en contra de los principios fundamentales que queremos que guíen nuestro Gobierno", ha indicado.

Entre las medidas que recoge la norma, Saiz ha destacado que se deflacta un 2% la tarifa aplicable a la base liquidable general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y se incrementa un 5% el importe de las deducciones por mínimos personales y familiares. También ha remarcado que se incrementa en 100 euros la deducción por mínimo personal que corresponde a sujetos pasivos cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros. Unas medidas que pretenden "minimizar el impacto que esta época de crisis está suponiendo para gran parte de la economía navarra".

Asimismo, ha trasladado que se recoge la exención del 50% de las ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) si son percibidas por titulares de explotaciones agrarias prioritarias y del 100% de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural(FEADER), con un límite conjunto para ambas de 20.000 euros.

Por otro lado, ha hecho referencia a la decisión de dejar exentas las ayudas COVID, "otro de esos gestos que debe llevar a cabo un Gobierno y una clase política responsable y consciente de la situación que vivimos". Finalmente, ha destacado que, de acuerdo con el informe del comité de personas expertas en materia tributaria, se suprime la deducción por creación de empleo, que podría ser sustituido por políticas activas de empleo.

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha afirmado que esta medida supone "tirar piedras contra nuestro propio tejado, el de la Comunidad foral", y que se apuesta "por un cortoplacismo apabullante". "Sus medidas en materia tributaria no siguen un modelo consistente de fiscalidad, son un batiburrillo de medidas que responden a un único hilo conductor: el de subir impuestos en modo de 'patada adelante'", ha criticado, tras considerar que las políticas fiscales propuestas "perjudican y empobrecen", y tras destacar la "pérdida de poder adquisitivo" que supone para las familias navarras.

La parlamentaria socialista Ainhoa Unzu ha compartido que esta ley "cumple con la premisa de no tomar decisiones que dañen el tejido productivo de esta comunidad". "Una ley justa, suficiente y con una gestión fiscal responsable para llevar a cabo esos grandes objetivos que han marcado los presupuestos", ha asegurado, tras añadir que "se adapta a las nuevas realidades y logra una recaudación suficiente para hacer frente a las necesidades que tiene Navarra".

En nombre de Geroa Bai, el parlamentario Mikel Asiain ha manifestado que hay "dos modelos fiscales contrapuestos". El de la derecha, "basado en la propuesta generalizada de bajada de tipos de gravámenes, que incide en menores ingresos", y por otro lado, el iniciado con el "cambio tranquilo en 2015, que sigue teniendo continuidad hoy". "Y por eso mismo nuestro apoyo, con el que seguiremos impulsando políticas de izquierda realistas y adecuadas a la realidad social de cada momento", ha dicho.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que existen "importantes discrepancias" en la materia porque, entre otros aspectos, las modificaciones que se contemplan son "mínimas" y "muy limitadas en su contenido". Además, ha advertido de que esta propuesta "tiene un coste que puede ser peligroso a futuro". Sin embargo, ha trasladado la abstención de su grupo afirmando que "obedece a un acuerdo político en esos términos".

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha considerado que esta solo es "media" reforma fiscal. Tras subrayar que "es la parte amable" de una reforma fiscal en la que se cumple "con un Acuerdo Programático que implicaba mejorar la situación fiscal de las rentas bajas y medias", ha afirmado que el voto positivo de la formación morada "puede considerarse como una abstención en dos años". "Hoy aprobamos esta reforma fiscal, pero a la siguiente le vamos a exigir que cuide nuestros sistemas públicos", ha apuntado.

Finalmente, la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha dado un "suspenso" al Gobierno en relación a su política fiscal por considerar que "no aborda la reforma que necesita la ciudadanía navarra". Una reforma que, a su juicio, debería aumentar "en justicia fiscal y en progresividad". "Sin embargo, lo que hace el Gobierno es mantener un sistema fiscal injusto con las clases trabajadoras, que soportan bastante mayor presión fiscal que los dueños del dinero, más que los beneficios empresariales", ha trasladado.