Piden que se deje sin efecto una multa de tráfico a una mujer en avanzado estado de gestación que tuvo que dejar el coche en un carga y descarga para ir al servicio en Pamplona
Aunque el personal del bar informó al agente que el vehículo pertenecía a una mujer embarazada que, debido a una urgencia, estaba en el servicio, este formuló denuncia contra ella con una multa de 200 euros
El Defensor del Pueblo de Navarra ha sugerido al Ayuntamiento de Pamplona que revoque una multa impuesta a una ciudadana en avanzado estado de gestación (37 semanas). El caso se remonta al 11 de diciembre de 2023, cuando la mujer, tras realizar compras en la zona, y pagar su correspondiente ticket, cuando llegó al coche se vio obligada a estacionar en una zona de carga y descarga debido a una urgencia de ir al baño surgida por su condición gestacional.
En concreto la mujer aparcó junto al número 15 de la calle Aralar en una zona reservada para carga y descarga y acudió a un bar ubicado en las cercanías en el que, al ver su situación y estado, le dejaron utilizar su servicio.
Sigue el Defensor al asegurar que "mientras la interesada estaba en el servicio, pese a que personal del bar informó al agente de la Policía Municipal que el vehículo pertenecía a una mujer embarazada que, debido a una urgencia, estaba en el servicio, aquél formuló denuncia contra ella por una supuesta infracción de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por lo que se proponía una multa de 200 euros".
Los hechos detallados en la resolución revelan que, aunque la afectada pagó la multa reducida en un 50% al no encontrar al agente de policía para expresar su disconformidad, la situación generó controversia.
La institución que dirige Patxi Vera concluye que, dadas las circunstancias excepcionales y la urgencia médica que enfrentaba la mujer embarazada, la sanción no resulta justa ni proporcional. En su comunicado oficial, el Defensor del Pueblo sugirió al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña revocar la multa, destacando la necesidad de considerar el principio de proporcionalidad y la ausencia de riesgo o perjuicio a terceros en la conducta de la denunciada.
A la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, que tiene un plazo de dos meses para contestar, esta resolución ha puesto de manifiesto la importancia de ponderar las circunstancias individuales en la aplicación de sanciones administrativas, especialmente en situaciones de emergencia como la descrita en este caso.
