Pamplona sigue cobrando fianzas 'preventivas' de 1.600 euros por otorgar algunos vados

El Ayuntamiento de Pamplona no da su brazo a torcer y sigue cobrando unas fianzas preventivas de 1.600 euros para obtener una licencia de vado en previsión de posibles desperfectos en el pavimento por el paso de los vehículos encima de la acera. 

El Defensor del Pueblo le ha recomendado hasta en dos ocasiones que este proceder no tiene respaldo legal en la Ley Foral de Haciendas locales, aunque el consistorio no comparte esto y se escuda en la misma ley y en la Ordenanza municipal de Tráfico. 

La última recomendación data de finales de septiembre de este año, hace poco más de un mes, aunque es prácticamente calcada a la que ya hizo en 2018 en un caso similar, en una información también adelantada por Pamplona Actual. 

Da la razón así la Institución que dirige José Javier Enériz a un ciudadano que consideraba que exigir además de la tasa anual correspondiente una fianza de 1.600 euros en previsión de posibles arreglos, posteriores,  en los bordillos es "desproporcionada" e "injusta". Este ciudadano recordaba en su escrito que ésta fianza no ha sido exigida a todos los solicitantes desde el año 2009, y tampoco se ha requerido por igual a los vecinos de los diferentes barrios de la ciudad y recuerda que es "absolutamente lógico el pago de una tasa anual; sin embargo, garantizar un posible daño no tiene razón de ser" por lo que considera que "el ayuntamiento debiera reclamar la reparación una vez producido el daño, y no atendiendo a desperfectos contingentes, máxime cuando se trata de viviendas unifamiliares con un paso limitado de vehículos".

Mientras el consistorio pamplonés defiende que esta fianza se acomoda a la normativa aplicable y a la ordenanza municipal de tráfico; además de que también estaba prevista en la ordenanza municipal precedente (aprobada en 1978), y que otros ayuntamientos la aplican igualmente (se citan los casos de Barcelona y Calahorra). Recuerda el Ayuntamiento de Pamplona en cuanto a la cuantía exigida, se señala que no es desproporcionada, pues el coste de reparación o reposición de un vado puede oscilar entre 1.200 y 4.400 euros, según los materiales y la anchura de la acera.

Sin embargo, el Defensor añade que la referencia que introduce el precepto legal al depósito previo de su importe no puede entenderse, a juicio de esta institución, como una autorización legal para exigir fianzas previas al acto de concesión de la licencia de que se trate (en el caso, un vado).

El Defensor recuerda que "si la ley hubiera querido exigir fianzas o garantías a los titulares de estos aprovechamientos de bienes de dominio público, configuradas con un carácter a priori y para responder por unos daños potenciales, parece razonable concluir que así lo hubiera establecido directamente, pues se trata de una técnica no inhabitual en el ámbito de las relaciones de sujeción especial (en este sentido, la legislación sobre contratación pública, que prevé garantías para responder de la ejecución del contrato y posibles daños asociados a la misma)".

Por todo ello concluye que " en la medida en que la exigencia previa de las garantías a que se refieren la queja y la ordenanza municipal invocada no se acomoda, siempre a criterio de esta institución, a lo previsto en la ley foral aplicada, y considerada fundamento de tal exigencia, se ha emitir una recomendación, a fin de que las mismas se dejen sin efecto".