La Oficina Anticorrupción (OANA) ha requerido al Ayuntamiento de Pamplona para que disponga de un canal de denuncias en el plazo de un mes
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA) ha recibido diversas denuncias en la que se advertía de la inexistencia del canal de denuncias en el Ayuntamiento de Pamplona y en diversos organismos dependientes de la misma como la empresa pública Comiruña o la Gerencia de Urbanismo. Tras la tramitación del expediente creado a raíz de dicha comunicación, la oficina ha considerado la existencia de un incumplimiento legal, y le ha instado a disponer de un Sistema Interno de Información tanto al Ayuntamiento como a las entidades municipales dependientes en el plazo de un mes, ya que desde el pasado 13 de junio de 2023, estas entidades se encuentran obligadas a ello. Posteriormente el consistorio en octubre de este año, y tras la denuncia ha iniciado el proceso para crear este canal y cumplir con la normativa legal.
Con todo, y pese a archivar las denuncias, la OANA, indica en sus resoluciones que se deberán subsanar otros incumplimientos además del de la puesta a disposición del canal, y que serán: la comunicación del nombramiento del Responsable del Sistema Interno de Información y el hecho de proporcionar una información adecuada, de forma clara y fácilmente accesible, sobre el uso del canal que se haya implantado y sobre el procedimiento de gestión de las informaciones recibidas. Adicionalmente, se indica que debe garantizarse que los canales del Ayuntamiento y de los organismos dependientes resulten independientes entre sí y que los mismos aparezcan diferenciados los unos de los otros.
Se recuerda que el pasado mes de febrero entró en vigor la Ley Orgánica 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Dicha norma obliga al establecimiento de un Sistema Interno de Información también conocido como canal de denuncias a todos los organismos que conforman el sector público y a las empresas del sector privado que cuenten con una plantilla de más de cincuenta trabajadores.
El incumplimiento en el que pueden incurrir estas entidades puede conllevar una investigación por parte de las autoridades sancionadoras competentes, como lo es esta Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, tal y como ha sucedido en el caso del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos y empresa públicas.
Consultado a un despacho especializado en la materia, Unive Abogados, respecto de las responsabilidades que se derivan de esta investigación; los profesionales dan una respuesta clara, y es que los sujetos sancionables pueden ir desde las personas físicas que cometan la infracción, hasta el mismo Ayuntamiento en su calidad de persona jurídica; pudiendo ser las sanciones económicas de hasta 300.000€ para los primeros, y de hasta 1.000.000€ para los segundos.
