Maya esgrime ahora el coste de las escuelas infantiles para seguir peleando ante el Gobierno de Navarra por la carta de capitalidad
Tras negarse el Gobierno a crear una comisión de transferencias, el alcalde ha remitido una nueva carta a la presidenta instando al diálogo como solución
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha remitido una nueva carta a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, apelando al diálogo para abordar las consecuencias que tendrá para el Ayuntamiento la supresión de la Carta de Capitalidad y la aprobación del nuevo modelo de financiación municipal que está tramitando el Parlamento. El alcalde insiste en la creación de una comisión paritaria de transferencias, que el Gobierno de Navarra ha denegado.
En la carta, respuesta a la que la propia presidenta remitió a finales de enero, se emplaza al Gobierno foral a que asuma el coste de servicios delegados, actividades impropias o servicios sobredimensionados que ofrece el Ayuntamiento de Pamplona, y que quedarán sin financiación al suprimirse la Carta de Capitalidad. Así las cosas, se emplaza a la asunción de “la prestación de los servicios sociales que son titularidad del Gobierno de Navarra y ahora desarrolla, y financia al 100% este Ayuntamiento, como es caso de programas como el EISOL (Equipo de Incorporación Sociolaboral), EAIA (Equipo de Atención a la Infancia en Dificultad Social), SMAM (Servicio Municipal de Atención a la Mujer), Servicio de Intervención Familias y piso para víctimas de violencia de género”, así como otros servicios con financiación parcial “como Atención Primaria y Albergue de Alta Exclusión”. En materia de Urbanismo, el Ayuntamiento “desarrolla competencias del Gobierno de Navarra sin financiación” y, en Escuelas Infantiles, la financiación del Gobierno foral “no alcanza ni el 30% de su coste y el Ayuntamiento aporta más de 5 millones de euros”.
A esa lista suma al alcalde la asunción de la parte sobredimensionada de aquellos servicios que la Ley Foral de la Carta de Capitalidad así reconoció y que en caso de suprimirse deberá asumir el Gobierno de Navarra. Entre otros se mencionan la Policía Municipal de Pamplona, las viviendas de emergencia social o el crematorio municipal en la atención a personas no empadronadas. Lo mismo ocurre con las competencias impropias, que no pueden prestarlas las administraciones locales sin financiación, y que podría a afectar a “diferentes aspectos de materias de igualdad, euskera, comercio y turismo, educación y servicios sociales”.
El alcalde expone que, para costear estos servicios sin Carta de Capitalidad, solo cabría la opción que los vecinos de Pamplona pagasen más impuestos, algo que descarta, o que el Ayuntamiento deje de prestarlos, reduciendo así el atractivo de la ciudad. Por ello, el alcalde concluye en su carta la necesidad de solventar el problema creado mediante el diálogo entre las dos instituciones. “Solo de esa manera se podrán evitar las consecuencias inmediatas sobre los trabajadores del Ayuntamiento y sobre los ciudadanos de Pamplona y, en fin, la progresiva pérdida de atractivo y competitividad de Pamplona”.
