El Tribunal Constitucional ha admitido el recurso presentado por el Gobierno de España contra tres preceptos de la ley foral de Contratos Públicos, aprobada en 2018 por el Parlamento de Navarra, y a la que se le introdujeron varios cambios en 2021. Una vez cumplido el trámite de la admisión, el Tribunal Constitucional deberá emitir su pronunciamiento sobre el recurso del Estado.
En concreto, entre los apartados que generan la controversia, se encuentra aquel por el que quedan excluidos de la aplicación de la ley foral determinados negocios jurídicos por razón de su propia naturaleza y de la existencia de normativa específica.
También es motivo de conflicto un apartado por el que se excluye la aplicación de esta ley en los acuerdos de adquisición pública de medicamentos. Relacionado con esto, el Estado cuestiona una disposición adicional de la ley foral que prevé que "los medicamentos con precios de venta de laboratorio fijados para el Sistema Nacional de Salud, en tanto que ya ha existido negociación con una instancia pública y fijación administrativa del precio, podrán ser adquiridos directamente por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sin necesidad de licitación".
