Gobierno Foral y los sindicatos UGT y CCOO coinciden en la necesidad de aprobar el acuerdo estatal sobre los servicios a la dependencia

De izquierda a derecha: Joseba Eceolaza (CCOO), Txema Mauleón (jefe de gabinete de la consejera); consejera Maeztu y Marisol Vicente (UGT). - GOBIERNO DE NAVARRA

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, y representantes de UGT y CCOO del sector de la atención a la dependencia en Navarra abogan por la próxima aprobación de un acuerdo estatal sobre la acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema de atención a la dependencia para el conjunto de España.

Así se han manifestado en una reunión mantenida este miércoles en el Departamento de Derechos Sociales. Por su parte, Joseba Eceolaza (CCOO) y Marisol Vicente (UGT), fuerzas sindicales más representativas en el sector en España, han expresado la necesidad que el futuro acuerdo estatal se traslade a la Comunidad Foral, de forma que se manera que se mejore la atención a las personas, los ratios de profesionales en los distintos servicios, así como las condiciones laborales de las personas que trabajan en el ámbito de la dependencia, ha informado el Ejecutivo navarro

En el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, entre el ministerio y las distintas comunidades autónomas, de este martes se somete a votación el acuerdo de criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del conjunto de España.

En julio del año pasado, el citado órgano aprobó un acuerdo inicial que contenía la hoja de ruta para realizar las modificaciones precisas. El documento reconocía la necesidad de revisar y reformular el acuerdo vigente desde 2008 hacia un nuevo texto.

El acuerdo que se prevé aprobar asegura el acceso a unos servicios definidos, personalizados, adaptables a cada persona a lo largo de su ciclo vital y que aseguren el pleno respeto a su dignidad, autonomía y participación social, ha indicado el Gobierno foral.

Además, los servicios deberán garantizar los principios de dignidad y respecto; personalización y atención centrada en la persona; participación, derecho a la salud y bienestar personal; y proximidad y conexiones comunitarias.

Igualmente, se establecen unos requisitos mínimos comunes para la acreditación de los diferentes servicios, empezando por los de carácter residencial, y se determinan las figuras y perfiles profesionales para la prestación de apoyos, su cualificación, su encuadramiento y sus funciones, así como los planes de formación oportunos.

Respecto a los servicios de carácter residencial, se establecen los requisitos mínimos para su acreditación referidos a la ubicación e instalaciones; el personal (cualificación y cuantificación); calidad de atención y sistemas de evaluación y mejora.

De igual forma, se establece un número máximo de plazas y la atención en unidades de convivencia, determinando el número máximo de personas residentes en las mismas, así como su régimen mínimo de funcionamiento para que sean consideradas como tales unidades. Se trata de un modelo, ha expuesto el Ejecutivo, que es muy coincidente con el que recientemente aprobó Navarra con el consenso de todos los agentes sociales del sector.

"IMPORTANTE AVANCE"

Tanto la consejera Maeztu como los representantes de UGT y CCOO, Marisol Vicente y Joseba Eceolaza, han coincidido en el que acuerdo supone un "importante avance" en un doble sentido. En primer lugar, el acuerdo "mejora sustancialmente" la calidad de los servicios residenciales y de atención a la dependencia, con un modelo centrado en la persona, con una apuesta por centros más pequeños, con unidades de convivencia, donde se garantiza la autonomía y preferencias de las personas atendidas. En segundo lugar, el acuerdo representa "una sustancial mejora" en el incremento de ratios de personal en el sector y en sus condiciones laborales, "lo cual redunda igualmente en la mejora de la calidad de los servicios".

En ese sentido, los representantes sindicales han subrayado la necesidad de que en la transposición de esta normativa a Navarra, se siga avanzando en la mejora de los ratios de personal y en las condiciones laborales del sector.

A ese respecto, la consejera Maeztu ha subrayado el compromiso de Navarra porque en el próximo acuerdo marco residencial se pueda avanzar de manera importante en ese camino.