El Consejo de Transparencia de Navarra ha celebrado esta tarde su primera reunión tras la incorporación de los nuevos miembros designados en representación del Parlamento de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Universidad Pública de Navarra. Se suman en este órgano a las personas representantes del Departamento competente en materia de transparencia, el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos y el Defensor del Pueblo, cuyo mandato sigue en vigor.
La modificación de estos miembros viene obligada por la pérdida de la condición de los anteriores, nombrados por Decreto Foral 304/2019, de 6 de noviembre, derivada de las elecciones al Parlamento de Navarra, de las elecciones municipales y de las elecciones a Rector de la Universidad Pública de Navarra celebradas este año.
Al Consejo de Transparencia de Navarra, presidido por Juan Luis Beltrán Aguirre, se incorporan Cristina López Mañero, Kevin Lucero Domingues, Irati Jiménez Aragón y Blanca Isabel Regúlez Álvarez, designados por el Parlamento foral; Xabier Alcuaz Andueza y Antonio Ángel Moleón Segura, a propuesta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos; y Roldán Jimeno Aranguren, designado por la Universidad Pública de Navarra.
Dejan su puesto en el Consejo, por el Parlamento foral, Cristina Ibarrola Guillén, Javier Lecumberri Urabayen, y Adolfo Araiz Flamarique; y por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo Ezpeleta y Mario Fabo Calero.
Cabe recordar que el Consejo de Transparencia es el órgano independiente, destinado a promover la transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Funciones del Consejo de Transparencia
El Consejo de Transparencia de Navarra fue creado en 2016 en cumplimiento de la Ley Foral 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Se trata de un órgano colegiado, independiente, cuya misión es velar porque la Administración proporcione y difunda de forma constante y veraz toda la información relacionada con la acción pública que tenga mayor relevancia, sin necesidad de que nadie se lo solicite. Además, trabaja para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder, mediante solicitud previa, a la información pública que desee, sin más limitaciones que las contempladas por la legislación.
Corresponden a este órgano las funciones de resolver las reclamaciones que se presentan en materia de acceso a la información pública, requerir la subsanación de incumplimientos de las obligaciones legales en materia de transparencia, informar preceptivamente de los proyectos normativos relacionados con la transparencia, evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de las obligaciones en esta materia y presentar una memoria sobre sus actividades al Parlamento.
Asimismo, tiene asignadas las funciones relativas al establecimiento de los criterios de interpretación uniforme sobre las obligaciones de transparencia, instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores, promover actividades de formación y sensibilización, y la colaboración colaborar con órganos de naturaleza análoga.
