Aprobada la ley foral que regula el estatuto de los consumidores
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley foral reguladora del estatuto de las personas consumidoras y usuarias, un texto que renueva la normativa aprobada en 2006 y que busca reforzar la protección de los derechos de los ciudadanos en esta materia. La ley ha contado con el apoyo de todos los grupos, salvo de EH Bildu, que se ha abstenido (I-E no ha participado en la votación).
Así, entre los derechos de nueva generación que se incluyen en la ley foral se hallan los vinculados a la soberanía alimentaria, según "modelos de producción y consumo éticos y sostenibles", tales como la distribución de productos locales en circuitos cortos de comercialización, la prevención del desperdicio alimentario y de recursos básicos, y la garantía de funcionalidad con arreglo al ciclo útil de todo bien o servicio.
Dentro del derecho a la protección jurídica y administrativa, destaca la regulación de los servicios de atención al cliente y la formulación y tramitación de quejas, denuncias y reclamaciones. En este contexto, se especifica que las dudas o diferencias interpretativas se resolverán "a favor de las personas consumidoras o usuarias".
La ley foral atiende también a los principios de no discriminación y accesibilidad universal, terreno en el que se advierte que el ejercicio del derecho de admisión estará supeditado a la concreción de condiciones visibles (cartel a la entrada), que en ningún caso podrán resultar "indeterminadas, arbitrarias o incongruentes" con la naturaleza y actividad del establecimiento. Por tanto, deberán evitarse discriminaciones por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual, no pudiéndose asignar por tal motivo precios diferentes a idénticos productos o servicios.
Entre los mecanismos de protección de dichos derechos se encuentran la resolución extrajudicial de conflictos (mediación y arbitraje), con mención especial para la obligación de las sociedades públicas de formalizar su adhesión al sistema arbitral de consumo, y la vigilancia del mercado, donde, como novedad, se regulan la toma de muestras, los análisis de productos destinados al consumidor y el procedimiento para la adopción de medidas cautelares.
El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha explicado que la norma busca "ampliar los derechos" de la ciudadanía en esta materia y "reforzar su protección también en el comercio digital". "Pretendemos actualizar la normativa aprobada en 2006 para adaptarla a la realidad social actual, al entorno de la Unión Europea y a la Agenda 2030". Asimismo, ha señalado que "se pretende fomentar el consumo responsable e integrar un cultura de la información recíproca entre vendedor y consumidor".
El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que las asociaciones de este ámbito "han participado en el debate y les parece una ley razonable y que puede ayudar", si bien ha considerado que la norma "es demasiado generalista y que no obliga a su cumplimiento de una manera demasiado concreta". "Se ha perdido la oportunidad de establecer su aplicación de manera más directa", ha afirmado, para señalar que la ley queda como "una declaración de intenciones", aunque ha dado su apoyo a la norma.
La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha indicado que la ley de 2006 "se ha quedado obsoleta" y ha explicado que "han pasado 16 años en los que ha habido una gran revolución, para empezar tecnológica, porque llevamos muchos años en el gran reto de transformación que supone la digitalización". "Esto merece y justifica la actualización normativa y además el proyecto viene razonado por la importante ampliación del acervo jurídico generado en los últimos años, especialmente en el entorno de la Unión Europea", ha indicado.
CRÍTICAS DE GEROA BAI Y EH BILDU PORQUE NO SE CONTEMPLA EL EUSKERA
Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiáin ha señalado que "nos corresponde en cuanto poder público garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo mediante procedimientos efectivos la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos". Ha lamentado no obstante que no se hayan aceptado sus enmiendas relativas a incluir en euskera en ámbitos como el etiquetado y ha lamentado que el PSN "no ha querido".
La parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha señalado que la ley "recoge muchos aspectos positivos pero tiene carencias importantes". "Es innegable que supone un avance muy importante en materia de derechos de consumidores y usuarios y que el texto ha sido mejorado considerablemente en el trámite parlamentario", ha dicho, para explicar que "el motivo fundamental por el que se abstiene EH Bildu es porque entre los derechos básicos no se contemplan los derechos lingüísticos de las personas euskaldunas".
El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que se trata de "una reforma integral, prácticamente es un estatuto de las personas consumidoras y hacemos una evaluación muy positiva de la ley". "Tiene faltas, pero avanza lo suficiente en materias importantísimas como el desarrollo sostenible o la soberanía alimentaria", ha dicho.
